CONAICE expuso en el Congreso la crítica situación del sector cooperativo tras ser excluido del certificado MiPyME

En el marco de un plenario conjunto de comisiones la CONAICE, su presidente, Federico Ferrero, trazó un panorama sobre el impacto negativo que atraviesa el cooperativismo eléctrico y de servicios del país tras quedar excluido del Certificado MiPyME, advirtiendo sobre el impacto directo en la infraestructura y los servicios de más de 10 millones de argentinos.

En una jornada clave para el movimiento cooperativo nacional, la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (CONAICE) participó de la reunión informativa conjunta de las comisiones de Asuntos Cooperativos y Mutuales, de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, convocada por el Diputado Nacional Pablo Farías.

Durante el encuentro, el presidente de CONAICE, Federico Ferrero, expuso la magnitud y la gravedad de la problemática que enfrentan las cooperativas de servicios esenciales a partir de las trabas burocráticas e interpretaciones normativas que exigen que el 100% de los asociados de una cooperativa cuenten con Certificado MiPyME para que la entidad pueda registrarse.

“Detrás de CONAICE hay 10 federaciones provinciales, 519 cooperativas y más de 10 millones de personas en 600 localidades de todo el país que reciben diariamente la energía eléctrica, el agua, el gas y las telecomunicaciones de una cooperativa”, enfatizó Ferrero.

La parálisis del financiamiento y la infraestructura

Desde CONAICE se remarcó que la imposibilidad de renovar o acceder al Certificado MiPyME ahoga la capacidad operativa de las distribuidoras. Entre los principales perjuicios expuestos ante los legisladores, se destacaron:

  • Pérdida de acceso al crédito: Imposibilidad de tramitar financiamiento accesible y tasas bonificadas (incluidos programas provinciales y del CFI para energías renovables).
  • Caída de beneficios fiscales: Imposibilidad de diferir el pago del IVA y pérdida de planes de pago acordes para la regularización de obligaciones.
  • Sobrecostos operativos: Incremento en los aranceles hídricos y mayores tasas en giros al descubierto bancarios.

Ferrero advirtió que no contar con esta herramienta resiente la calidad de vida en el interior profundo: “Una cooperativa sin financiamiento no puede invertir en infraestructura ni hacer crecer sus redes, lo que termina perjudicando directamente a los hogares, comercios e industrias de cada pueblo.”

Un reclamo unificado del sector cooperativo

La presentación de CONAICE se dio en un marco de unidad junto a otras de las principales entidades del sector asociativo nacional:

  • COOPERAR (Confederación de Cooperativas de la República Argentina): Su gerente, Carlos César Basáñes, abordó el problema de fondo, señalando que las áreas legales del Ejecutivo comenzaron a exigir un “ánimo de lucro” infundado para definir a una empresa, desconociendo la naturaleza económica y de riesgo de las cooperativas.
  • CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria): Encabezada por su presidente Lucas Magnano, la entidad acercó la perspectiva del sector agropecuario y propuso formalmente incluir de manera explícita a las cooperativas en el Artículo 2º de la Ley 24.467 (Ley PyME) para que sean evaluadas bajo los mismos parámetros objetivos de facturación, activos y personal que cualquier otra firma.
  • Cooperativas de Trabajo: Asimismo, se sumó la intervención de Verónica San Martín, quien detalló las severas complicaciones que sufren las cooperativas de trabajo y de provisión para mantener los beneficios impositivos y laborales.
  • También estuvieron presentes dirigentes de FESCOE, FECOTEL y FESUBGAS.

Compromiso de los legisladores para avanzar en un dictamen

Tras las exposiciones, los diputados presentes -encabezados por los titulares y autoridades de las comisiones convocantes-, coincidieron en la urgencia del planteo.

Desde los distintos bloques se remarcó que la figura de la cooperativa es inseparable del desarrollo productivo y federal del país, comprometiéndose a impulsar un dictamen de consenso que restablezca la igualdad de condiciones y reconozca expresamente el carácter de empresa PyME a las entidades cooperativas.